Asesinato de Camilo Rodríguez reaviva cuestionamientos contra el fiscal general Carlo Díaz y sacude la institucionalidad costarricense

Por Redacción

Costa Rica atraviesa uno de los momentos más delicados para la libertad de prensa y la confianza en sus instituciones democráticas.

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido el pasado lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, no solo ha generado conmoción nacional, sino que también ha reabierto una controversia política que hoy coloca al fiscal general de la República, Carlo Díaz, en el centro de una creciente tormenta institucional.

Mientras familiares, colegas y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de expresión exigen justicia, la Asamblea Legislativa ha aumentado la presión sobre el máximo jerarca del Ministerio Público. Con 29 votos a favor y 21 en contra, un grupo de diputados aprobó una moción mediante la cual solicita la renuncia inmediata de Díaz y pide a la Corte Plena iniciar el procedimiento correspondiente para una eventual destitución si este se niega a abandonar el cargo.

La decisión parlamentaria ocurre en medio de fuertes cuestionamientos relacionados con la reciente visita del fiscal general al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una actuación que provocó críticas de diversos sectores políticos y que ha cobrado una nueva dimensión tras el homicidio del comunicador.

Una crisis política que escala

Aunque la moción legislativa no tiene efectos jurídicos inmediatos para separar de su cargo al fiscal general, representa una señal política de peso.

El pronunciamiento evidencia el deterioro de la confianza de una parte significativa del Congreso hacia el jefe del Ministerio Público y abre un debate nacional sobre el liderazgo de la institución llamada a combatir precisamente el crimen organizado y garantizar la persecución penal.

Los legisladores que respaldaron la iniciativa sostienen que la actuación de Carlo Díaz durante su visita al CACCO genera dudas sobre su capacidad para conducir investigaciones sensibles relacionadas con estructuras criminales de alto perfil.

El caso adquiere una gravedad aún mayor debido al contexto en que surge la discusión: un asesinato que involucra a una figura pública que, meses antes de ser ultimada, había denunciado amenazas, seguimientos y advertencias sobre un supuesto peligro inminente contra su vida.

Las amenazas que precedieron al crimen

Antes de su asesinato, Camilo Rodríguez denunció públicamente que estaba siendo objeto de intimidaciones relacionadas con su trabajo periodístico.

Según relató en distintas intervenciones públicas, había recibido llamadas amenazantes en las que desconocidos le exigían guardar silencio y dejar de abordar determinados temas vinculados con presuntas actividades del narcotráfico.

Rodríguez también narró un episodio particularmente inquietante. De acuerdo con su testimonio, fue interceptado en una carretera por varios individuos. Durante aquel encuentro, uno de los hombres, cuyo rostro estaba cubierto, le habría transmitido una amenaza directa relacionada con personas que supuestamente deseaban acabar con su vida.

El periodista reprodujo entonces unas declaraciones que posteriormente adquirirían una enorme relevancia tras su muerte

«Quien lo quiere matar está ligado a Carlo Díaz. Y Carlo Díaz quiere que lo maten y quiere montar algo similar a todas las mentiras que montaron alrededor de la muerte de Parmenio Medina».

Estas afirmaciones fueron realizadas públicamente por Rodríguez meses antes de ser asesinado y forman parte del conjunto de advertencias que dejó registradas antes de morir.

Sin embargo, es importante precisar que estas declaraciones constituyen acusaciones formuladas por el sujeto encapuchado que amenazó al periodista. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar si existe algún vínculo entre aquellas advertencias y los responsables materiales o intelectuales del crimen.

Diez denuncias que hoy cobran nueva relevancia

Tras el asesinato del comunicador se conoció que este había presentado al menos diez denuncias relacionadas con amenazas contra su integridad física.

La existencia de estos antecedentes ha incrementado las interrogantes sobre los mecanismos de protección existentes para periodistas que denuncian situaciones de riesgo y sobre la capacidad del Estado para prevenir ataques contra quienes ejercen la labor informativa.

Posterior al crimen de Camilo tanto el fiscal como el OIJ confirmaron en sus declaraciones  que dichas denuncias serán incorporadas y analizadas dentro de la investigación que busca esclarecer el homicidio

La revisión de esos expedientes podría resultar determinante para reconstruir los hechos previos al crimen, establecer patrones de hostigamiento e identificar posibles líneas de investigación que permitan determinar quiénes amenazaban al periodista y cuáles eran sus motivaciones.

Libertad de prensa bajo amenaza

El asesinato de Camilo Rodríguez trasciende la tragedia individual y plantea preguntas profundas sobre la seguridad de los periodistas en Costa Rica

Durante décadas, el país ha sido considerado una de las democracias más sólidas de América Latina y un referente regional en materia de libertades públicas.

Precisamente por ello, el homicidio de un comunicador que había denunciado amenazas previas genera una alarma especial entre el gremio periodístico,  organizaciones defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión.

El asesinato de un periodista en la vía pública ejecutada por dos sicarios,  no  puede analizarse únicamente como un hecho criminal aislado.

Cuando una persona dedicada a investigar, denunciar o informar es asesinada después de advertir sobre amenazas, la sociedad tiene la obligación de exigir una investigación exhaustiva, transparente e independiente.

La búsqueda de la verdad resulta indispensable no solo para hacer justicia a la víctima y a su familia, sino también para garantizar que ningún actor criminal pueda utilizar el miedo como instrumento para silenciar voces críticas

El dolor de una madre

Más allá de la dimensión política y judicial del caso, el asesinato de Camilo Rodríguez ha dejado una profunda huella humana que conmueve al país

En las horas posteriores al crimen comenzaron a circular en redes sociales diversos mensajes y fotografías que reflejan la estrecha relación que mantenía con su madre, Sara Chaverri.

En una publicación dedicada a ella, el periodista escribió palabras cargadas de afecto y admiración:

«Mamá es la magia de Dios en mi camino. Mamá es la luz de Dios en una persona, en sus palabras, en su voz, en su dulzura, en su constancia, en su paciencia, en su fuerza, en su autoridad, en su visión, en su vigilancia, en su criterio, en su sentido crítico y en su perseverancia».

En otro mensaje publicado con motivo del Día de la Madre expresó:

«Mi corazón debería tener forma de S, porque palpito sangre con la forma de mi madre, que se llama Sara»

Las publicaciones, compartidas ampliamente tras su muerte, revelan una relación marcada por el cariño, la gratitud y el profundo respeto.

Una fotografía tomada apenas una semana antes del asesinato ha adquirido un significado especialmente conmovedor. En la imagen, madre e hijo comparten un baile al ritmo de un bolero. Él la sostiene con ternura mientras ella apoya el rostro sobre su pecho

La escena, que en otro momento habría sido simplemente una expresión cotidiana de afecto familiar, hoy es interpretada por muchas personas como un recuerdo imborrable de los últimos días compartidos entre ambos

Detrás de la discusión política, las investigaciones judiciales y los debates parlamentarios permanece una realidad imposible de ignorar: una madre que perdió a su hijo de manera violenta y una familia que espera respuestas.

La Corte Plena tendrá la última palabra

Mientras la presión política aumenta, la continuidad de Carlo Díaz en el cargo depende de los mecanismos institucionales previstos en el ordenamiento jurídico costarricense.

La moción aprobada por los diputados contempla solicitar a la Corte Plena que valore la apertura del procedimiento correspondiente para una eventual destitución en caso de que el fiscal general no presente su renuncia.

Por tanto, aunque el Congreso ha emitido una señal política contundente, la decisión final sobre una eventual separación del cargo corresponde al máximo órgano judicial competente.

Entretanto, el país enfrenta dos desafíos simultáneos: esclarecer uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años y preservar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Una investigación que marcará al país

El homicidio de Camilo Rodríguez ha dejado de ser únicamente una investigación criminal para convertirse en un caso de profundo interés público que pone a prueba la capacidad del Estado costarricense para garantizar verdad, justicia y transparencia.

Las amenazas denunciadas por el periodista, las acusaciones que hizo antes de morir, la controversia política en torno a posibles actos de corrupción de jueces, abogados y al fiscal general y el dolor de una familia golpeada por la violencia convergen ahora en una misma historia.

Una historia que exige respuestas claras.

Porque más allá de las disputas políticas y de los señalamientos que hoy dividen opiniones, una pregunta continúa resonando en Costa Rica: ¿quién ordenó y ejecutó el asesinato de Camilo Rodríguez y por qué un periodista que alertó reiteradamente sobre el peligro que corría terminó siendo asesinado?

La respuesta a esa interrogante será determinante no solo para hacer justicia a una víctima, sino también para establecer si las instituciones costarricenses están en capacidad de esclarecer un crimen que ha estremecido a toda la nación, sin considerar los 741 homicidios que van a la fecha.

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¿Quién quería silenciar a Camilo Rodríguez? Organismos internacionales exigen investigar si su asesinato está vinculado a denuncias sobre narcotráfico

Por Redacción

El asesinato del periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez Chaverri ha provocado una ola de condenas internacionales y renovadas exigencias para que las autoridades profundicen en las investigaciones sobre las amenazas que denunció antes de su muerte y sobre el posible vínculo del crimen con las denuncias públicas que realizaba.

La preocupación creció este martes 17 de noviembre, cuando organizaciones defensoras de la libertad de prensa como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reclamaron una investigación exhaustiva que permita esclarecer tanto la autoría material como los posibles autores intelectuales del homicidio.

Un crimen que conmociona a Costa Rica

Según la información divulgada hasta el momento, Rodríguez fue asesinado el lunes 16 de noviembre mientras conducía por la Ruta 32, en las cercanías de Santo Domingo de Heredia a las 3:15 pm. Cuando regresaba de la zona de Guapiles hacia el área metropolitana de San José, capital de Costa Rica.

De acuerdo con los reportes preliminares del Organismo de Investigación Judicial OIJ, y evidencias captadas en videos, dos hombres que se desplazaban en motocicleta interceptaron su vehículo, aprovechando que este se encontraba detenido en la vía debido a un embotellamiento vehicular  o presa como le dicen en Costa Rica,   y abrieron fuego en repetidas ocasiones,  en una ocasión por el lado del conductor y luego por el lado del pasajero, causándole la muerte.

El caso ha generado una fuerte alarma entre periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales debido a que el comunicador había denunciado públicamente en reiteradas ocasiones amenazas contra su vida antes del ataque.

En medio de la conmoción nacional, el fiscal general, Carlo Díaz,  y  Vladimir de la Cruz del OIJ,  informaron que Rodríguez había sido remitido a un programa de atención a víctimas. Sin embargo, según la versión oficial, el periodista no aceptó incorporarse al esquema de protección ofrecido por las autoridades.

Las denuncias bajo la lupa

Uno de los elementos que concentra ahora la atención de los investigadores son las denuncias públicas realizadas por Rodríguez en los meses previos a su asesinato.

La Fiscalía confirmó que revisará las declaraciones y señalamientos efectuados por el periodista con el objetivo de determinar si alguna de esas denuncias pudo haber motivado el crimen o si existían personas o grupos con interés en silenciarlo.

La exigencia de las organizaciones internacionales apunta precisamente en esa dirección: esclarecer si el homicidio estuvo relacionado con el ejercicio de su labor periodística y de denuncia contra el narcotráfico y el crimen organizado que mantiene diezmado al país, y garantizar que ninguna línea de investigación sea descartada de forma prematura.

Preguntas que siguen sin respuesta

La muerte de Camilo Rodríguez revive viejas heridas en Costa Rica, un país que históricamente ha sido considerado uno de los más estables de América Latina, pero que también ha enfrentado episodios de violencia contra comunicadores.

Los asesinatos del periodista Parmenio Medina en 2001 y de la periodista Ivannia Mora en 2003 permanecen en la memoria colectiva como recordatorios de los riesgos que puede conllevar el ejercicio del periodismo.

En el caso de Rodríguez, las interrogantes son múltiples y aún permanecen abiertas.

¿Fueron evaluadas adecuadamente las amenazas que había denunciado?

¿Existieron oportunidades para reforzar su protección?

¿Quiénes ejecutaron el ataque

¿Actuaron por iniciativa propia o siguiendo órdenes de terceros?

¿Estaban relacionados los agresores con las denuncias que realizaba el comunicador?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del homicidio ni han identificado públicamente a los responsables

Un desafío para la libertad de prensa

Más allá de la investigación criminal, el asesinato de Camilo Rodríguez plantea un desafío para las instituciones costarricenses y para la protección de la libertad de expresión en la región

Las reacciones de organismos internacionales reflejan la preocupación por un crimen que podría tener implicaciones directas para el ejercicio del periodismo. La identificación y sanción de todos los responsables será determinante no solo para hacer justicia a la víctima y su familia, sino también para enviar un mensaje claro de que la violencia no puede convertirse en una herramienta para silenciar voces críticas.

Mientras avanzan las investigaciones, la principal pregunta continúa sin respuesta: ¿quién quería callar a Camilo Rodríguez y por qué

Mientras tanto sus familiares y ciudadanía acompañan  sus restos en las honras fúnebres en la provincia de Cartago donde vivian sus padres.

La acción cobarde que privo de la vida a un comunicador valiente que defendía su honra y su familia a provocado un profundo dolor en quienes le conocían y seguían en sus publicaciones constantes en las redes sociales.

Las autoridades tienen una deuda pendiente con la ciudadanía que clama justicia en su lucha  contra el crimen organizado, la corrupción y el trafico de drogas en el país.

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Corrupción y nepotismo: los pilares que sostienen el poder en Nicaragua

Por años, el discurso oficial del sandinismo se ha presentado como un proyecto político orientado a la restitución de derechos, la justicia social y la defensa de los sectores populares.

Sin embargo, detrás de esa narrativa se ha consolidado una estructura de poder donde la concentración familiar de cargos públicos y las denuncias de corrupción institucional se han convertido en una característica recurrente del modelo de gobierno encabezado por los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde el retorno de Ortega al poder en 2007, diversas investigaciones periodísticas han documentado la presencia de familiares directos, consuegros, hijos, nueras y allegados en posiciones estratégicas del Estado nicaragüense.

Una investigación de Las siete familias del poder identificó al menos 88 casos verificados de familiares y personas cercanas al círculo gobernante ocupando cargos en instituciones públicas, entre ellas la Presidencia, la Policía Nacional, la Cancillería, organismos reguladores y otros poderes del Estado.

La expansión de esta red familiar ha permitido a la familia presidencial extender su influencia más allá de la Presidencia y la Vicepresidencia. Hijos de la pareja gobernante han sido vinculados a funciones diplomáticas, medios de comunicación, proyectos culturales, relaciones internacionales y estructuras empresariales ligadas al oficialismo.

Uno de los casos más representativos es el de Francisco Díaz Madriz, director de la Policía Nacional y consuegro de la pareja gobernante desde que su hija, Blanca Xaviera Díaz Flores, contrajo matrimonio con Maurice Ortega Murillo. Esta relación familiar ha sido ampliamente documentada por medios de comunicación y organizaciones que estudian la concentración del poder en Nicaragua.

La influencia familiar también alcanza organismos estratégicos. La hija de Francisco Díaz, Nahíma Díaz, ha dirigido el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), entidad encargada de regular las telecomunicaciones y los medios de comunicación en el país.

Paralelamente, organismos internacionales han señalado graves problemas relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre la concentración progresiva del poder estatal y el debilitamiento de los contrapesos institucionales.

Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas ha identificado un aparato organizado de poder bajo el control del presidente y la vicepresidenta, señalando la concentración de todos los poderes públicos y la instrumentalización de las instituciones estatales para ejecutar graves violaciones a los derechos humanos. El organismo sostiene que existen motivos razonables para creer que se han cometido hechos que constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad, particularmente por persecución política.

En este contexto, la corrupción y el nepotismo aparecen como fenómenos interrelacionados. Mientras el nepotismo facilita que familiares y allegados ocupen posiciones clave dentro de la administración pública, la concentración de poder reduce los mecanismos de control y fiscalización que deberían supervisar la gestión estatal. El resultado es una estructura donde las lealtades familiares y políticas terminan prevaleciendo sobre los principios de independencia institucional y mérito profesional.

La evolución del sistema político nicaragüense muestra que el poder ya no se encuentra únicamente en manos de un partido o de un gobierno, sino que se articula alrededor de un núcleo familiar ampliado que ejerce influencia sobre áreas estratégicas del Estado. Para críticos del régimen y organizaciones de derechos humanos, esta concentración constituye uno de los principales obstáculos para la transparencia, la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas en Nicaragua.

Más que casos aislados, los nombramientos de familiares, consuegros y allegados dibujan un patrón que ha transformado al Estado nicaragüense en una estructura donde las relaciones de parentesco y fidelidad política se han convertido en elementos centrales para el ejercicio y preservación del poder.

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Gallito Azul: el colorido habitante de los humedales que desafía su fama de plaga

Entre lagos, pantanos y arrozales, el Gallito Azul destaca por su llamativo plumaje violeta y su habilidad para caminar sobre la vegetación acuática. Aunque suele ser señalado como una amenaza para algunos cultivos, su variada dieta y su papel ecológico revelan una historia mucho más compleja de lo que sugieren los mitos populares.

Con su llamativo plumaje azul violáceo y su habilidad para caminar sobre la vegetación flotante, el Gallito Azul (Porphyrula martinica), conocido en inglés como Purple Gallinule, es una de las aves más vistosas de los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, su relación con las actividades agrícolas ha contribuido a una reputación que algunos especialistas consideran exagerada.

Habitante frecuente de lagos, ríos, pantanos y zonas de cultivo, el Gallito Azul pertenece a la familia de los rálidos y destaca por una combinación de colores difícil de pasar por alto. Los ejemplares adultos presentan una intensa coloración azul violácea en la cabeza, cuello y parte frontal del cuerpo, mientras que la espalda, las alas y la cola muestran tonos verde bronceados. Su característico pico rojo con punta amarilla y el escudete blanco azulado sobre la frente completan una apariencia única entre las aves acuáticas.

De aproximadamente 30 centímetros de longitud, esta especie también llama la atención por sus largas patas amarillentas y dedos alargados, adaptaciones que le permiten desplazarse con facilidad sobre plantas acuáticas flotantes. Cuando emprende el vuelo, suele hacerlo con vigorosos aleteos y las patas colgando detrás de su cuerpo.

Los ejemplares juveniles presentan una apariencia muy distinta a la de los adultos. Su plumaje es más opaco y de tonalidades pardas, con el pecho y el cuello más claros y un abdomen blanquecino, características que les proporcionan un mejor camuflaje en su entorno natural.

En cuanto a su comportamiento, el Gallito Azul suele observarse solo o en parejas cerca de cuerpos de agua. Allí dedica gran parte de su tiempo a la búsqueda de alimento, una dieta variada que incluye materia vegetal, granos, anfibios, caracoles, peces pequeños, gusanos e invertebrados.

Precisamente su consumo ocasional de granos ha llevado a que en algunas regiones sea considerado una plaga agrícola, especialmente en cultivos de arroz. Además, durante la temporada reproductiva puede aplastar áreas de vegetación mientras evalúa diferentes sitios para construir sus nidos. No obstante, su alimentación omnívora sugiere que esta percepción podría responder más a una creencia regional que a un impacto significativo y generalizado sobre los cultivos.

La especie enfrenta amenazas derivadas de esa reputación. En algunas zonas, los productores recurren a la caza o al envenenamiento como método de control, prácticas que pueden afectar las poblaciones locales de esta ave y alterar el equilibrio ecológico de los humedales donde habita.

Otro rasgo notable del Gallito Azul es su capacidad de comunicación. Emite diversas vocalizaciones que son reconocidas por otros individuos de la misma especie, permitiéndoles interactuar y responder entre sí, especialmente en áreas donde la vegetación dificulta el contacto visual.

Más allá de los mitos que rodean su relación con la agricultura, el Gallito Azul cumple un papel importante en los ecosistemas acuáticos. Su presencia contribuye al equilibrio biológico de humedales y cuerpos de agua, hábitats fundamentales para numerosas especies de flora y fauna.

Su inconfundible coloración y su peculiar forma de desplazarse sobre la vegetación convierten a esta especie en uno de los habitantes más singulares de los paisajes acuáticos de América, donde continúa cautivando a observadores, fotógrafos de naturaleza y amantes de las aves.

¿Dónde vive?

El Gallito Azul habita humedales de agua dulce, incluyendo lagos, ríos, pantanos, marismas y arrozales. Su distribución abarca gran parte de América, desde el sureste de Estados Unidos hasta Sudamérica.

Prefiere zonas con abundante vegetación acuática, donde encuentra alimento, protección y sitios adecuados para la reproducción-

En Nicaragua es conocido comúnmente como calamón americano, y se le puede observar en humedales, lagunas, esteros y zonas pantanosas de diversas regiones del país.

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El Gallito de las Sierras: la joya escarlata de los bosques andinos

Con su llamativo plumaje y elaborados rituales de cortejo, el Gallito de las Sierras es considerado una de las aves más espectaculares de América Latina y un símbolo de la riqueza biológica de los bosques andinos.

Por Redacción

Entre la espesa vegetación de los bosques húmedos de los Andes habita una de las aves más fascinantes del neotrópico: el Gallito de las Sierras (Rupicola peruvianus). Su apariencia extraordinaria, especialmente la de los machos, y sus complejos comportamientos de cortejo lo han convertido en una de las especies más emblemáticas de Sudamérica.https://inkatimetours.com/es/el-gallito-de-las-rocas-el-ave-nacional-del-peru/

Esta ave de gran tamaño, que puede medir entre 30 y 34 centímetros de longitud, presenta un marcado dimorfismo sexual, es decir, diferencias notables entre machos y hembras tanto en la coloración como en la apariencia física.

Los machos destacan por su intenso plumaje naranja brillante, naranja rojizo o rojo escarlata, acompañado de alas y cola negras que contrastan de forma llamativa con el resto del cuerpo. Su rasgo más distintivo es una gran cresta semicircular y esponjosa que cubre parcialmente su pico amarillo, otorgándole una apariencia inconfundible.

Las hembras, por su parte, poseen una coloración mucho más discreta. Su plumaje marrón canela o marrón rojizo les permite camuflarse entre la vegetación, una ventaja importante durante la etapa de reproducción y anidación.

Los científicos reconocen cuatro subespecies de Gallito de las Sierras: peruvianus, aequatorialis, sanguinolentus y saturatus, diferenciadas principalmente por variaciones en el plumaje y el color del iris.

Un frugívoro clave para el bosque

Además de su belleza, esta especie desempeña un papel fundamental en los ecosistemas andinos. Su dieta está compuesta principalmente por frutos de más de cincuenta especies de plantas, lo que la convierte en un importante dispersor de semillas y contribuye a la regeneración natural de los bosques.

Aunque es considerado un frugívoro generalista, ocasionalmente complementa su alimentación con insectos y pequeños vertebrados, entre ellos ranas, lagartijas y algunas aves de menor tamaño.

Su actividad alimenticia se desarrolla principalmente en los estratos medios y altos del bosque, donde aprovecha la abundancia de frutos disponibles durante distintas épocas del año.

Un espectáculo de cortejo único

Uno de los comportamientos más sorprendentes del Gallito de las Sierras ocurre durante la temporada reproductiva. Los machos se reúnen en áreas específicas del bosque conocidas como «leks», espacios donde realizan complejas exhibiciones destinadas a atraer a las hembras.

En estos escenarios naturales, cada macho ocupa una pista de exhibición propia y participa en rituales que incluyen inclinaciones de la cabeza y la cola, movimientos sincronizados de las alas, despliegues en abanico de la cola y una serie de vocalizaciones guturales que han sido comparadas con los gruñidos de un cerdo.

Estas demostraciones suelen realizarse al amanecer y al atardecer y pueden observarse durante buena parte del año. Cuando una hembra visita el lek, generalmente selecciona al macho dominante para aparearse.

Habitante de las montañas andinas

El Gallito de las Sierras habita los bosques húmedos montanos y submontanos de la cordillera de los Andes, en altitudes que van desde los 500 hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Su distribución se extiende desde el occidente de Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, hasta el norte de Bolivia. Normalmente se encuentra cerca de quebradas, arroyos y cascadas rodeadas de afloramientos rocosos y barrancos escarpados, ambientes que resultan esenciales para la construcción de sus nidos.

Un tesoro de la biodiversidad

La combinación de colores brillantes, comportamientos únicos y una estrecha relación con los bosques andinos ha convertido al Gallito de las Sierras en una de las aves más admiradas por científicos, observadores de aves y amantes de la naturaleza.

Su presencia es también un indicador de la salud de los ecosistemas montañosos tropicales, donde la conservación de los bosques resulta fundamental para garantizar la supervivencia de esta especie y de cientos de organismos que dependen de los mismos hábitats.

Más allá de su espectacular apariencia, el Gallito de las Sierras representa la extraordinaria riqueza natural de los Andes y la importancia de proteger uno de los ecosistemas más diversos del planeta.

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«Mi madre me mostró el camino”: la historia de Henrry Sifontes, un migrante venezolano que convirtió el dolor en esperanza

Por Emma Lastenia Amador Talavera

21 de octubre 2026

La historia detrás de Pizzería La Torre

A los 40 años, cuando muchas personas piensan en consolidar lo que han construido durante décadas, el venezolano Henrry Sifontes tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: abandonar su país, separarse de su familia y comenzar desde cero en una tierra desconocida.

Henrry Sifontes

Licenciado en Administración, opositor al Gobierno venezolano y emprendedor, Sifontes forma parte de las miles de personas que se vieron obligadas a emigrar debido a la profunda crisis económica y política que afectó a Venezuela durante la última década. Su historia, sin embargo, está marcada por una palabra que se repite una y otra vez desde su salida de Venezuela hasta su presente en Costa Rica: esperanza.

Una despedida marcada por la incertidumbre

Nacido en El Tigre, estado Anzoátegui, Henrry recuerda que su decisión de emigrar no surgió de un momento a otro. Entre los años 2015 y 2017 Venezuela atravesó una severa crisis de desabastecimiento alimentario y una creciente tensión política que terminó afectando directamente su vida.

“Llegó un momento en que permanecer en mi país se volvió muy difícil”, relata.

En 2016 comenzó a considerar seriamente la posibilidad de salir de Venezuela. Su objetivo era encontrar estabilidad económica para apoyar a su familia, especialmente en aspectos tan básicos como la alimentación.

El destino elegido era Ecuador, pais vecino de su natal Venezuela, Durante meses organizó su proyecto migratorio convencido de que allí podría trabajar durante un año, establecerse y ayudar a sus seres queridos desde la distancia.

Sin embargo, la decisión implicaba una renuncia dolorosa. No solo dejaba atrás un país. También se despedía de una vida construida durante cuatro décadas: su profesión, su vivienda, su relación de pareja, sus mascotas y el hogar que había levantado con esfuerzo.

“Emigrar significaba dejar atrás 40 años de vida para comenzar de nuevo”, afirma.

El consejo de una madre que cambió el rumbo de la historia

Tres meses antes de su partida, ocurrió un hecho que con el tiempo adquiriría un significado especial.

Mientras se despedía de su familia, su madre le insistió en obtener el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

—¿Para qué voy a sacar eso si no me lo están pidiendo para ir a Ecuador? —le preguntó.

Pese a sus dudas, decidió seguir el consejo materno y obtuvo el documento.

En aquel momento no imaginaba que ese certificado tendría un papel fundamental en su futuro.

Cuando llegó a Guayaquil, Ecuador,  Henrry creía haber alcanzado el primer paso de su nuevo proyecto de vida. Sin embargo, la adaptación resultó más difícil de lo esperado.

No logró sentirse cómodo con el clima, la dinámica social ni el entorno en general. Aunque intentó encontrar oportunidades para establecerse, experimentó la sensación de que aquel lugar no era donde podría reconstruir su vida.

Después de permanecer un mes y dieciséis días en Ecuador, decidió tomar un nuevo rumbo, la vida tenía otros planes.

Una señal inesperada lo condujo a Costa Rica

La oportunidad surgió gracias a un amigo costarricense, el periodista Israel Oconitrillo, quien lo animó a trasladarse a Costa Rica.

Convencido por las recomendaciones y el apoyo ofrecido por su amigo, Henrry decidió intentarlo una vez más.

Al llegar al aeropuerto costarricense ocurrió una escena que aún hoy lo conmueve.

Un funcionario de Migración le solicitó el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

En ese instante recordó a su madre.

Buscó el documento dentro de una agenda de color verde que llevaba consigo durante el viaje y, al encontrarlo, no pudo contener las lágrimas.

“Fue un momento profundamente emotivo. Comprendí que aquel documento que creía innecesario era precisamente lo que necesitaba en ese momento”, recuerda.

Para él, aquel episodio representó mucho más que un simple requisito migratorio. Fue una señal de que Costa Rica era el destino donde debía comenzar una nueva etapa.

La esperanza convertida en oportunidad

Los primeros días en Costa Rica marcaron un giro positivo en su historia.

Apenas una semana después de su llegada consiguió empleo en un negocio con un nombre que nunca olvidaría: Pizzería La Esperanza.

Aquel trabajo  significó más que un ingreso económico; fue la primera oportunidad para integrarse al mercado laboral costarricense, adaptarse a una nueva realidad y recuperar la confianza después de meses de incertidumbre, “El nombre quedó grabado para siempre en mi historia”, comenta.

La palabra esperanza ya estaba asociada a la agenda que lo acompañó durante el viaje. Ahora aparecía nuevamente en el nombre del lugar que le abría las puertas con  una nueva oportunidad.

Con el tiempo logró desempeñarse como administrador en distintas empresas, retomando la profesión para la que se había formado y recuperar parte de la estabilidad que había perdido al emigrar.

La pandemia y el desafío de comenzar otra vez

Cuando parecía haber encontrado un camino firme, llegó la pandemia de COVID-19.   En 2020 perdió su empleo y volvió a enfrentarse a la incertidumbre, comenta que la situación lo afectó profundamente como a millones de personas en el mundo.  Esta condición no solo significaba quedarse sin ingresos, sino también la amenaza de perder todo el esfuerzo realizado para reconstruir su vida en Costa Rica. “Sentí que volvía a comenzar desde cero”, recuerda.

Lejos de su familia y enfrentando sólo los retos de la migración, atravesó momentos de gran desgaste emocional.

En medio de aquella etapa difícil vivió otro episodio que conserva con claridad en su memoria.

Un día, mientras lloraba en la calle preocupado por su situación, una persona se acercó y le dijo una frase breve:

—No llores, que este es tu destino.

Después de pronunciar esas palabras, aquella persona continuó su camino.

Poco tiempo después, Henrry recibió una llamada que le ofrecía una nueva oportunidad laboral. Paralelamente comenzó a tomar forma una idea que cambiaría nuevamente su vida: crear su propio negocio.

Pizzería La Torre: construir un sueño propio

Así nació Pizzería La Torre, el emprendimiento con el que actualmente busca consolidar su proyecto de vida en Costa Rica.

El camino del emprendimiento ha estado lejos de ser sencillo. Mantener un negocio en funcionamiento exige sacrificio, disciplina y una constante capacidad de adaptación.

A ello se suma otro desafío frecuente para muchos migrantes: las dificultades para reincorporarse al mercado laboral debido a la edad.

Aun así, Henrry no ha renunciado a sus objetivos.

“Pizzería La Torre representa una parte importante de mi reconstrucción personal”, asegura.

Más que vender pizzas, considera que su negocio simboliza la posibilidad de demostrar que aún es capaz de generar oportunidades, aplicar sus conocimientos profesionales y seguir construyendo futuro.

El apoyo de organizaciones e instituciones que brindan apoyo a personas migrantes y refugiadas ha sido fundamental para su desarrollo, las que lo acompañan constantemente en sus desafíos diarios.

Entre ellas destaca; ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),  el INA, IRCA Casa Abierta y otras entidades que le proporcionaron capacitación, asesoría y herramientas para fortalecer sus capacidades personales y profesionales.

Para Henrry, acceder a procesos de formación y orientación ha sido una pieza clave para avanzar en su proyecto de vida, actualmente participa en varios cursos académicos así mismo forma parte de organizaciones locales e internacionales pro defensa de derechos humanos.

Entre dos países

Hoy, varios años después de haber dejado Venezuela, Henrry Sifontes reconoce que vive entre dos realidades que forman parte de su identidad.

Venezuela sigue siendo el país donde nacieron sus sueños, donde permanecen sus raíces y gran parte de los recuerdos que marcaron su vida.

Costa Rica, en cambio, se convirtió en el escenario de su reconstrucción.

Aquí encontró oportunidades laborales, desarrolló un emprendimiento propio y conoció a personas que le tendieron la mano cuando más lo necesitaba.

Su historia refleja los desafíos que enfrentan miles de migrantes en la región: la separación familiar, la incertidumbre, la adaptación cultural y la necesidad permanente de reinventarse. Pero también demuestra la capacidad humana para levantarse después de cada caída.

“A los 40 años tuve que comenzar de nuevo. Hoy sigo enfrentando desafíos, pero también sigo creyendo en mi capacidad para salir adelante”, afirma.

Y aunque el camino no ha sido el que imaginó cuando salió de Venezuela rumbo a Ecuador, Henrry está convencido de que cada una de las experiencias vividas lo condujo al lugar donde debía estar.

Porque, como él mismo resume, la esperanza nunca ha sido solamente una palabra. Ha sido el hilo que ha unido su historia desde Venezuela hasta Costa Rica.

En la actualidad ha echado andar la publicidad de recaudar fondos mediante una rifa para poder encontrarse con su madre en Brasil, donde ella reside desde hace aproximadamente un año por motivos de salud.

Su esperanza es además, seguir luchando por la libertad de su país.

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CEPAL convoca a América Latina a redefinir su rumbo ante las rupturas globales

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizará, del 7 al 9 de octubre, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, su cuadragésimo primer período de sesiones, la reunión bienal más importante de esta comisión regional de las Naciones Unidas. En el encuentro de alto nivel, la CEPAL presentará su análisis sobre cómo gestionar las transformaciones productivas, sociales y ambientales que la región necesita para prosperar en el nuevo contexto geopolítico y geoeconómico mundial.

Durante la cita internacional, en la que participarán autoridades de los 45 Estados miembros y los 14 miembros asociados de la CEPAL, representantes del sistema de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales, además del sector privado y la academia, los países tendrán la oportunidad de debatir sobre el desarrollo económico, social y ambiental de la región, conocer sobre la labor de la Comisión durante el período anterior y fijar las prioridades del programa de trabajo de los próximos años.

La reunión será inaugurada oficialmente el miércoles 7 de octubre a las 14:30 horas locales (UTC/GMT -4) por Luis Abinader Corona, Presidente de la República Dominicana, y José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

El máximo representante del organismo regional de las Naciones Unidas presentará a los países de la región el documento de posición titulado Gestión de las transformaciones en una era de rupturas, que examina el “cambio de juego” en las condiciones externas para el desarrollo, con el propósito de comprender, anticipar y navegar de forma exitosa el nuevo contexto global. Asimismo, avanza en la reflexión sobre los posibles caminos para enfrentar los desafíos del desarrollo —los “cómo”— introduciendo un nuevo marco analítico sobre gobernanza e institucionalidad, centrado en el paradigma de las capacidades transformadoras como condición para impulsar cambios estructurales sostenibles.

El Diálogo de Cancilleres y Altas Autoridades, concebido como un espacio privilegiado de reflexión política y diálogo estratégico sobre el futuro de América Latina y el Caribe, incluirá el jueves 8 de octubre la presentación del informe de la Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, con la participación de varios miembros de la Comisión.

El programa incluye también un seminario técnico de alto nivel en el que se examinará en profundidad el documento de posición, organizado en torno a tres mesas temáticas: i) una nueva etapa en la integración regional: qué hacer y cómo avanzar; ii) transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo productivo; y iii) macroeconomía para el desarrollo y fiscalidad sana y fuerte.

La reunión marcará el inicio del ejercicio de la presidencia de la CEPAL por parte de República Dominicana, que se extenderá hasta el próximo período de sesiones en 2028, y el término de la presidencia actual, que ejerce el Perú desde el 40⁰ período de sesiones, realizado en Lima en 2024.

El programa completo de la reunión, así como información general, está disponible en el sitio web especial del encuentro: https://periododesesiones.cepal.org/41/es

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Nicaragua 2026: Ejército y Policía como brazos del terrorismo de Estado

Varias fuentes

La promesa revolucionaria de los años 70 de construir un país libre de dictaduras se ha transformado en un aparato estatal que utiliza la fuerza militar y policial para sostener un régimen familiar.

 Investigaciones recientes revelan que el Ejército y la Policía Nacional han sido reorganizados para reprimir y disciplinar a la población, desplazando su función de protección frente al crimen común.

Un informe de Expediente Abierto documenta que Nicaragua consolidó un Estado policial institucionalizado, donde las fuerzas armadas y policiales operan bajo una lógica subordinada al poder ejecutivo.

 El gasto en seguridad y defensa se ha convertido en una herramienta de control político más que en una respuesta a desafíos criminales. Además, se señalan vínculos sistémicos entre actores gubernamentales y redes del narcotráfico, lo que convierte al Estado en parte de una estructura híbrida entre élites políticas y crimen organizado.

La represión es constante y brutal. Entre junio y julio de 2026, el Monitoreo Azul y Blanco registró 109 víctimas de violaciones a derechos humanos, incluyendo 31 detenciones arbitrarias, 16 desapariciones forzadas y 5 menores de edad afectados. La Policía Nacional, junto a grupos paramilitares encapuchados, ejecuta esas acciones como brazo represor del régimen.

El patrón es claro: terrorismo de Estado mediante detenciones, desapariciones, confiscación de bienes y suspensión de credenciales profesionales. La represión alcanza incluso a simpatizantes sandinistas críticos, demostrando que el aparato policial y militar funciona como un mecanismo de castigo y control social.

El presupuesto nacional de 2026 refleja esta prioridad: la Policía recibió 5,622.2 millones de córdobas, el Ejército 5,322.7 millones y el Ministerio del Interior 2,040.9 millones, sumando más de 12,985 millones de córdobas para instituciones represivas. Este aumento de 1,783 millones respecto a 2025 confirma que la represión es la verdadera política de Estado.

En paralelo, el gasto militar estimado por el Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo SIPRI), alcanzó 118 millones USD (0.6 % del PIB), un incremento del 2.6 % respecto a 2025.

En este contexto, Nicaragua enfrenta una situación donde el Ejército y la Policía no protegen a la ciudadanía, sino que garantizan la permanencia de una dictadura familiar, consolidando un modelo de Estado criminal y represivo.

La situación ha generado alarma internacional. El Consejo Permanente de la OEA, mediante la resolución CP/RES. 1301 (febrero 2026), expresó su profunda preocupación por la represión, la eliminación de garantías constitucionales y el uso indebido de mecanismos internacionales para perseguir opositores. Posteriormente, la resolución CP/RES. 1317 (agosto 2026) convocó a una reunión urgente de cancilleres, al considerar que en Nicaragua ya no existe democracia representativa.

El 19 de julio de 2026, durante el aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega declaró que en Nicaragua “ya no habrá más elecciones”, confirmando la intención de perpetuarse en el poder y cerrando cualquier vía institucional de alternancia democrática.

A ello se suma un fenómeno que el Gobierno debe reconocer oficialmente: el exilio forzado de miles de nicaragüenses, provocado por la criminalización de la disidencia, la instrumentalización del sistema judicial y el debilitamiento de la democracia. Este éxodo político ha vaciado universidades, medios y organizaciones civiles, dejando al país sin voces críticas.

La historia se repite: de la lucha contra una dictadura a la consolidación de otra, Nicaragua enfrenta hoy un monopolio familiar del poder, los medios y las fuerzas armadas, con graves consecuencias para la libertad y la estabilidad regional.

Comparativo de gasto militar en Centroamérica (2026, estimaciones SIPRI)

      País
              Gasto militar (USD)
% del PIBObservaciones
Nicaragua         118 M0.6 %Bajo en términos absolutos, pero dirigido a sostener aparato represivo del régimen Ortega-Murillo.
 Guatemala            634 M0.5 %Mayor gasto absoluto de la región, aunque bajo en proporción del PIB.
Honduras        599 M1.5 %Proporción más alta de Centroamérica; refleja prioridad en seguridad interna y fronteriza.
El Salvador        504 M1.4 %Elevado en relación al PIB, vinculado a políticas de seguridad y combate a pandillas.
Costa Rica            0 M0 %Sin ejército desde 1949; recursos destinados a policía civil.
Panamá            0 M0 %Sin ejército desde 1990; seguridad a cargo de fuerzas policiales.

 Guatemala: Lidera en gasto absoluto, pero su proporción del PIB es baja, lo que indica un ejército relativamente grande pero con menor peso económico.

Honduras y El Salvador: Son los países con mayor esfuerzo militar relativo, superando el 1 % del PIB. En El Salvador, el gasto se vincula a la política de seguridad contra pandillas; en Honduras, a la defensa fronteriza y estabilidad interna.

Nicaragua: Aunque su gasto militar es bajo comparado con vecinos, se destina principalmente a mantener el control interno y la represión, más que a defensa externa. Esto se refleja en el uso del Ejército y la Policía como instrumentos de terrorismo de Estado.

Costa Rica y Panamá: Se mantienen como excepciones regionales, sin ejército y con gasto militar nulo, aunque con inversión en fuerzas policiales y seguridad civil.

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Corte IDH condena a Nicaragua por detención ilegal y tratos inhumanos a Jason Puracal

NICARAGUA ES RESPONSABLE POR LA DETENCIÓN ARBITRARIA, LOS TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES Y DEPORTACIÓN ILEGAL DE JASON PURACAL Y LAS AFECTACIONES A SU FAMILIA

San José, Costa Rica, 13 de agosto de 2026. En la Sentencia del Caso Puracal y otros Vs. Nicaragua, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria del señor Jason Zachary Puracal, así como por los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos durante su privación de libertad. Asimismo, debido a las condiciones de su encarcelamiento, declaró que el Estado le violó los derechos a la salud, al agua y al saneamiento.

La Corte declaró además la violación a las garantías judiciales, a la presunción de inocencia, a la honra y dignidad, al derecho a la asistencia consular y a la protección judicial por la forma en que se produjeron la detención y el posterior proceso penal seguido en contra del señor Puracal. Asimismo, subrayó las afectaciones a la vida privada por la realización de un allanamiento nocturno ilegal en presencia de su hijo mayor. La Corte también determinó que los hechos del caso impactaron también los derechos de su esposa, su hijo mayor, sus hermanas y su madre.

El resumen oficial y el texto íntegro de la Sentencia pueden encontrarse aquí.

El caso se relaciona con la detención del señor Jason Puracal, ciudadano estadounidense, en el marco de una investigación por tráfico de drogas. El 11 de noviembre de 2010, la Policía allanó su oficina y su vivienda. Los agentes iban con sus rostros cubiertos, incautaron bienes que no fueron devueltos y el allanamiento carecía de orden judicial válida. El allanamiento de su vivienda se realizó en horario nocturno y en presencia de sus familiares, en particular de su hijo de tres años. El señor Puracal fue detenido y trasladado sucesivamente a la estación de San Juan del Sur, a la cárcel de Rivas, a «El Chipote» y finalmente a «La Modelo», sin registros claros de su paradero durante varios días. Posteriormente, se dictó prisión preventiva de manera automática en aplicación del artículo 173 del Código Procesal Penal vigente al momento de los hechos, debido a que estaba siendo investigado por tráfico de drogas. Estuvo más de 21 meses privado de libertad en condiciones de hacinamiento, con un acceso limitado al agua potable y sin una atención médica adecuada. El juicio seguido en su contra estuvo marcado por múltiples retrasos y por violaciones a las garantías del debido proceso. En septiembre de 2012, el Tribunal de Apelaciones anuló el proceso y ordenó su libertad. Luego de su liberación, el señor Puracal fue deportado hacia los Estados Unidos.

La Corte consideró que la detención del señor Puracal fue ilegal y arbitraria, y desconoció el derecho a la asistencia consular. Asimismo, consideró que la forma en que se realizó la detención y su exhibición en las calles de San Juan del Sur a bordo de un vehículo policial implicó una afectación a su derecho a la honra y a la presunción de inocencia. Por otra parte, las condiciones carcelarias a las que fue expuesto fueron calificadas por la Corte como tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, el Tribunal analizó la falta de atención médica, de acceso a agua potable y a condiciones de saneamiento que implicaron también una violación al artículo 26 de la Convención.

Sobre el allanamiento domiciliar, realizado en horario nocturno y en presencia de un niño de tres años, la Corte consideró que el Estado de Nicaragua debió haber tomado medidas específicas para prevenir la ocurrencia de daños físicos y mitigar el impacto emocional de la intervención en un niño que estaba en una especial situación de vulnerabilidad debido a su corta edad y al tener una discapacidad.

Por otra parte, la Corte consideró que la detención y la posterior deportación ilegal y arbitraria tuvieron efectos en su núcleo familiar, en particular en sus dos hijos. Asimismo, estos hechos y la búsqueda de justicia también impactaron la integridad física y psíquica de sus hermanas y su madre, quienes participaron activamente en su defensa y velaron por su bienestar mientras se encontraba privado de libertad. Finalmente, y tomando en cuenta la gravedad de las violaciones declaradas, la Corte consideró el impacto al proyecto de vida del señor Puracal, su esposa Scarlette Flores, su hijo mayor J.P.F. y su hermana Janis Puracal.

La Corte estableció que su Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado diversas medidas de reparación incluyendo adecuar su ordenamiento jurídico en materia de prisión preventiva oficiosa, para que sea compatible con la Convención Americana y tomar las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles “La Modelo” y “El Chipote” se conformen a las normas internacionales de derechos humanos.

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OEA supervisará elecciones de Brasil bajo nuevo acuerdo de inmunidades

Foto: OEALa Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Brasil firmaron un acuerdo sobre las garantías e inmunidades de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA, que supervisará las elecciones generales previstas para el 4 de octubre de 2026, con una posible segunda vuelta, de ser necesaria, que se celebraría el 25 de octubre.

El acuerdo fue firmado en la sede de la OEA en Washington, D.C., por el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, y el Representante Permanente de Brasil ante la OEA, Benoni Belli.

El embajador Belli reconoció «la importancia y la profesionalidad del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA» y elogió su labor «sobre el terreno, observando, pero también después de las elecciones, proporcionando a todos los gobiernos de la región valiosas recomendaciones para mejorar todo el proceso; no solo el sistema electoral en sí o la forma en que se organizan las elecciones y se lleva a cabo la votación, sino también el sistema de recuento de votos».

El secretario general Ramdin afirmó que Brasil tiene «uno de los electorados más grandes del hemisferio que acudirán a las urnas: casi 160 millones de personas. No es una tarea sencilla, y esto requiere un equipo sólido sobre el terreno».

El secretario general Albert R. Ramdin nombró al ex senador chileno y ex ministro de Relaciones Exteriores, y también ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, como jefe de misión para las elecciones de octubre.

Desde 2018, la OEA ha observado cuatro procesos electorales en Brasil. Esta será la quinta Misión de Observación Electoral de la Organización en el país.

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